El acelerado desarrollo económico de Asia no sólo está configurando los flujos comerciales y de capital internacionales. También la supremacía científica y tecnológica de Occidente se verá afectada por las crecientes inversiones de los países asiáticos en los ámbitos educativo y universitario y, muy especialmente, en I+D.
Actualmente, los EE.UU. y la UE lideran todos los campos de las ciencias. Sus universidades y escuelas de negocios dominan todos los rankings. Pero esta privilegiada posición se verá gradualmente erosionada en varios sectores por la irrupción de Asia como nuevo centro tecnológico mundial, con suficientes recursos humanos y financieros para poder competir con Occidente. A las elevadas inversiones en I+D de los países asiáticos más avanzados, como el Japón, Corea del Sur, Taiwán y Singapur, hay que sumar el rápido despegue científico de la China y de la India.
El año 2009, las inversiones asiáticas en I+D ya representaban el 32% del total mundial. Las de los EE.UU., el 41%. Los Estados Unidos continúan siendo la Meca de los jóvenes científicos de todo el mundo, todo y la restrictiva política inmigratoria aplicada después de los atentados de la 11-S, que frenó entonces la llegada de cerebros extranjeros. Esto favoreció más la cooperación inter-universitaria y científica entre europeos y asiáticos. Sin embargo, la crisis financiera de la zona euro también ha golpeado los presupuestos comunitarios y estatales dedicados a I+D.
Todo apunta que China se convertirá pronto en la primera potencia tecnológica mundial. El presupuesto chino en I+D ha crecido una media anual del 22% desde el 1997 y ha llegado al 28% en 2008 y 2009. El desarrollo tecnológico es una prioridad básica en el 12è plano quinquenal (2011-2015). Sin embargo, para innovar no habrá basta asignando más fondo. La China tiene que mejorar los sistemas y métodos de educación. Para conseguirlo, recluta o repatria talento entre el profesorado de todo el mundo, incluido el de la diáspora china. También le hay que estimular el pensamiento crítico y garantizar más autonomía de las universidades y los investigadores respecto al poder político.